El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentará una iniciativa para regular las encuestas en materia electoral y evitar que empresas “patito” intenten incidir en la opinión pública, generando falsas percepciones sobre los candidatos.
“Tenemos que regular el tema de las encuestas, porque es un asunto de violencia electoral la manera arbitraria en que operan para generar una opinión de triunfo o derrota de un candidato”, advirtió el legislador.
Acompañado por los analistas Miguel Ángel Sulub y Miguel Álvarez en su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas” transmitido en redes sociales, Moreira cuestionó la difusión de encuestas “patito” para generar una falsa percepción con la intención de incidir en la opinión pública, además de que las casas encuestadoras dicen absorber los costos de los estudios.
Prueba de ello es la elección pasada en el Estado de México, donde daban hasta 40 puntos de ventaja a Delfina Gómez, cuando la diferencia real con Alejandra del Moral, que se vio el día de la elección, era de apenas ocho por ciento, supuesta ventaja de la morenista que desincentivó el salir a votar el día de la elección, subrayó.
Puso asimismo en entredicho la seriedad de las encuestas telefónicas, pues presentan costos en estudios que van de 11 mil a 170 mil pesos, de acuerdo a quien elabore ese trabajo.
El líder parlamentario del PRI insistió en la necesidad de regular y supervisar las encuestas en materia electoral ante las inconsistencias metodológicas y el “sospechosismo” de quién las costea, pues en muchas ocasiones son utilizadas para fines publicitarios o propagandísticos.
Adelantó que, ante las irregularidades de algunas casas encuestadoras que mediatizan estudios sin estar registradas ante el INE o sin hacerlas llegar a la autoridad electoral, presentará una iniciativa.
En su turno, el politólogo Miguel Álvarez señaló que en la pasada elección del Estado de México se difundieron encuestas “pagadas a modo” durante los tiempos de Morena en radio y televisión, lo cual el PRI denunció, pero la autoridad remitió el caso al Organismo Público Electoral de la entidad, que no retiró los spots ni atendió las quejas hasta después de terminado el proceso.
(milenio.com)
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