» Entrega CEAV informe a diputados sobre el caso Tlatlaya

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) entregó a los diputados del grupo especial para coadyuvar con las autoridades a las investigaciones del caso Tlatlaya un informe que señala que tiene conocimiento de un total de 53 víctimas cuyos derechos fundamentales fueron violentados.

El documento señala que del total de víctimas de los hechos del 30 de junio del año pasado en el referido municipio del Estado de México, 22 son consideradas directas y 31 indirectas.

Ante tres de los seis diputados que integran ese grupo plural que coordina la perredista Elena Tapia Fonllem, el presidente del CEAV, Jaime Rochín del Rincón, destacó que el principal compromiso es resarcir los daños a las víctimas directas e indirectas como se establece en la Ley General de Víctimas.

Entre las acciones que les compete dar seguimiento puntual está reparar el daño ocasionado a las víctimas indirectas y familiares de las personas que fueron privadas arbitrariamente de la vida, lo que incluye la indemnización respectiva.

También proporcionar a las víctimas dentro de la recomendación que son identificadas como sobrevivientes de los hechos, la atención médica y psicológica necesaria para restablecer su salud física y mental.

En ese punto se consideran las particularidades de cada una de las personas que fueron víctimas, a fin de asegurarles otros servicios sociales o de asistencia requeridos.

Reconocer el carácter de ofendidos del delito a los familiares de las personas fallecidas, otorgándoles la protección y asistencia integral correspondientes en términos de la Constitución y de la Ley General de Víctimas.

Asimismo, con base en el informe que rindió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que destaca violaciones graves a las garantías fundamentales de las víctimas, se han inscrito en el Registro Nacional de Víctimas a 53 personas, 22 directas y 30 indirectas.

Esas víctimas pueden tener acceso a todas las medidas de reparación integral previstas en la ley citada, y que incluye el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Informó que se ha brindado atención victimológica multidisciplinaria es decir, asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de trabajo social a las víctimas que así lo han requerido.

“Es importante destacar que ha sido la Comisión Ejecutiva quien se ha acercado a las víctimas para ofrecer, en múltiples ocasiones, los servicios que acompañan a los derechos que la ley les confiere”, agregó Rochín del Rincón.

Con relación a las víctimas que sobrevivieron al ataque y que estuvieron recluidas en un penal federal de Tepic, Nayarit, se les ha dado atención médica, psicológica y asesoría jurídica.

Sostuvo que la comisión que dirige está en la absoluta disposición para todas y cada una de las personas afectadas por estos hechos, particularmente las mujeres que sobrevivieron, que vivieron hechos traumáticos y que fueron víctimas de tortura y violencia sexual.

Esas mujeres, refirió, permanecieron recluidas en un penal federal, sin que conste que hubieran cometido delito alguno, lo cual constituyó una clara violación de sus derechos humanos.

Al concluir su discurso, precisó que a dicha comisión ejecutiva no le corresponde la investigación judicial del caso, pero sí acompañar a las víctimas hasta que se cumpla su derecho a la verdad.

Además, asesorarlas hasta que se cumpla el derecho a la justicia y garantizar su derecho a la reparación integral y se cumpla la garantía de no repetición.

El caso Tlatlaya obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean identificados, llevados ante la justicia y sancionados conforme a derecho, aseveró el titular del CEAV, organismo operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

El documento entregado a los diputados precisa que se han detectado violaciones a los derechos a la vida, la verdad y a la debida procuración de justicia; a la integridad personal y la libertad sexual, así como al acceso a la seguridad pública y a los derechos que corresponden a las víctimas y los ofendidos del delito.

En entrevista posterior, Rochín del Rincón precisó que se ha acompañado a las víctimas, pero para que reciban la reparación integral lo tienen que solicitar a la Comisión y se debe entender que es un derecho y que podría ser de hasta de un millón de pesos.

En el caso de violaciones a los derechos humanos, como puede ser un hecho muy grave, no hay un límite y le toca al comité interdisciplinario y evaluador, conforme a los estándares internacionales más altos, determinar el monto de la reparación.

El presidente de este organismo descentralizado de la Administración Pública Federal abundó que la víctima lo tiene que solicitar y a partir de que ingrese su solicitud, se le pagaría en 15 días.