» Estiman que nuevo sistema penal acusatorio será guardián de paz social

El nuevo derecho penal está llamado a erigirse como guardián de la paz social, y los operadores del sistema penal acusatorio deben lograr su legitimidad ante las demandas ciudadanas de una justicia pronta, justa y expedita, afirmó Alfonso Pérez Daza.

El integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que la correcta aplicación del derecho penal permitirá vivir en armonía y prosperidad, con plena vigencia a los principios constitucionales.

Al participar en un encuentro sobre la “Reforma al Sistema de Justicia Penal”, expuso que “la legitimidad del nuevo sistema también implica un reto” por su costo económico “y la necesidad de justificar de manera transparente el uso de recursos públicos en su implementación”.

Advirtió que ante los riesgos de reincidencia, debe analizarse el encarcelamiento a la luz de lo que realmente funciona, lo que “nos invita a reflexionar sobre la necesidad de enfocarnos en la prevención del delito y el uso de los medios alternativos de solución de conflictos”.

La reforma penal de 2008 busca la transformación de las instituciones de administración y procuración de justicia penal a fin de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.

Especialmente tiene por objetivo proteger al inocente, garantizar la reparación del daño a la víctima y que el culpable no quede impune, lo cual permite a su vez cumplir con los compromisos internacionales del Estado mexicano, aseveró el presidente de la Comisión de Disciplina del CJF.

Destacó la importancia de contar con la legislación secundaria en materia de ejecución de penas para que los jueces encargados de esta función jurisdiccional cuenten con el marco normativo para resolver una controversia y logren la óptima aplicación del derecho y del nuevo régimen.

Una de las trasformaciones del nuevo sistema penal es que ya no será el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, el que conozca y dé seguimiento a la ejecución de las penas, sino ahora esa responsabilidad recaerá en el Poder Judicial de la Federación, indicó.

El también representante del CJF para la Implementación de la Reforma Penal señaló que los operadores de este sistema como magistrados, jueces, actuarios, ministerios públicos, investigadores y policías, deben contar con los conocimientos y el compromiso para responder a la expectativa social.

El sistema acusatorio en nuestro país se encuentra en vías de consolidación y actualmente están en funcionamiento los Centros de Justicia Penal Federales en los Estados de Puebla, Durango, Yucatán y Zacatecas, agregó Pérez Daza.