El Instituto Nacional de Transparencia reconoció que la Procuraduría General de la República (PGR) ha tenido más apertura para responder las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía.
Durante la sesión de este miércoles, el comisionado Óscar Guerra Ford llevó para su discusión en el pleno tres recursos de revisión contra la PGR, en los que si bien en un principio respondió de manera insatisfactoria, modificó sus respuestas cuando cambió de administración.
Las primeras solicitudes se refieren al caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. En una de ellas un particular solicitó la versión pública de los peritajes hechos en el basurero de Cocula, relacionados con la hipótesis de que los cuerpos de los normalistas fueron quemados en ese lugar.
De acuerdo con Guerra Ford, la PGR entregó sólo enlaces electrónicos con algunos datos del caso con el argumento de que el peritaje se encontraba inmerso en una averiguación previa y contenía datos confidenciales.
Sin embargo, la información fue entregada en segunda instancia cuando el solicitante señaló que el caso trataba de violaciones graves a las garantías individuales.
Por ello la Procuraduría General de la República revocó la respuesta inicial y notificó al particular la disponibilidad de 717 fojas de los 22 peritajes hechos en el basurero de Cocula sobre incendios, explosivos, asuntos ambientales, fotografía, audio, video, balística, criminalística, química y antropología, detalló el consejero.
Las versiones públicas reservaron los nombres de los testigos, agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que participaron y algunos funcionarios, entre otros datos que deben guardarse por seguridad.
“Este asunto es el primer caso en la Procuraduría General de la República pone a disposición del particular información relacionada con la averiguación previa abierta con motivo de esos lamentables hechos”, resaltó Guerra Ford.
En el segundo caso, también sobre Ayotzinapa, el particular pidió responder cuántas personas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) asistieron al país, en qué periodo y qué actividad llevaron a cabo.
Además, los nombres y cargos de los funcionarios públicos mexicanos que los acompañaron, y los documentos que se generaron de este intercambio´, refirió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La procuraduría entregó en un principio las versiones estenográficas de entrevistas al ex procurador Jesús Murillo Karam sobre el tema, además de argumentar que no había más documentos, pero al entrar la nueva administración de la PGR revocó su respuesta inicial.
Así reveló que sólo asistieron cuatro representantes del FBI el 11 de noviembre de 2014 para brindar asesoría, pero reservó el nombre de los funcionarios que los acompañaron por seguridad, toda vez que ese personal efectúa actividades de investigación y persecución de delitos relacionados con el crimen organizado.
La tercera solicitud fue sobre cuántas averiguaciones previas se abrieron para desmantelar la célula del llamado cártel del Pacífico, sus números de expediente, el número de personas contra las que se ejerció acción penal y las sentencias condenatorias logradas a raíz de ese hecho referido por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en su Sexto Informe de Gobierno.
En un principio la PGR indicó que sólo se abrió una averiguación previa para consignar a 12 personas y por lo tanto, el número de sentencias condenatorias fue de solo una; además omitió dar el número de expediente.
El particular se inconformó argumentando que no se le proporcionó el número del expediente de la averiguación previa, lo que fue corregido por la PGR tras conocer el recurso de revisión.
Por ello el comisionado consideró que al revocar y modificar sus respuestas iniciales, la procuraduría atendió de manera adecuada los requerimientos de las solicitudes de información y propuso sobreseer el caso, lo cual fue avalado por el pleno.
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