» Juez que liberó a ‘Don Rodo’ es acusado de irregularidades en otro caso

Esta nota fue creada el lunes, 6 mayo, 2024 a las 22:08 hrs

La defensa de cuatro jóvenes, de escasos recursos, que llevan más de dos años y medio recluidos en el penal de Santiaguito , alegaron algunas irregularidades durante el proceso como siembra de armas, dinero en efectivo y faltas en el procedimiento penal.

Uno de los juzgadores encargados del caso es Rogelio León Díaz Villareal, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal —con residencia en el Altiplano— quien hace unos días, ordenó la libertad de Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los procesados son los hermanos Felipe y Juan Diego Olguín Juárez, quienes son choferes particulares, así como sus primos Juan Amador y Luis David Amox Juárez, comerciantes de oficio.

De acuerdo con Laura Espejel, representante legal de dos de los acusados —los hermanos Olguín Juárez— los cuatro fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes —asegura— les sembraron armas, cartuchos y dinero en efectivo en los autos en los que viajaban.

“Fueron detenidos en Plaza Parque Interlomas, el primero de diciembre de 2022. Ellos realmente estaban en una reunión familiar e iban hacia el estacionamiento cuando fueron sorprendidos por agentes de la Policía Federal (Ministerial), y les dijeron que estaban detenidos. Sin mayores datos les hicieron una inspección, ellos no se encontraban con nada”, explicó.

La abogada acusó que los agentes colocaron armas y 109 mil dólares en efectivo, en los autos en los que viajaban. Tras su captura, fueron vinculados a proceso por acopio de armas de fuego y cartuchos, así como por portación de arma de fuego sin licencia.

“Esa carpeta se tenía que haber cerrado ese día, si no había ningún detenido, ya no había más tiempo de investigación porque todos los tiempos de investigación ya los habían agotado”, resaltó.

¿Qué dice la carpeta de investigación del caso?

La carpeta de investigación fue iniciada en la FGR tras una denuncia anónima, la cual señaló que en un inmueble de la colonia doctores, alcaldía Cuauhtémoc, ubicado justo al lado de instalaciones del Poder Judicial capitalino, se almacenaban armas.

“Quiero denunciar que en Avenida Fray Servando número 42 en la Ciudad de México, hay una bodega en el segundo piso, donde guardan armas, cartuchos, cartuchos de todos los calibres. Las 24 horas está vigilado el lugar por gente armada. Esto lo supe porque trabajé en ese lugar como chofer de una persona que se llama Felipe, que fue el que me contrató para esa función”, señala la carpeta de investigación.

Laura Espejel destacó que esta denuncia fue presentada contra un hombre llamado Felipe.

“Felipe ‘x’, porque realmente nunca menciona un apellido, no menciona nada (…) Y en la carpeta de investigación, la foto de Felipe es una silueta totalmente borrosa, o sea, Felipe pudiera ser cualquier persona que se llame Felipe”, explicó.

La defensora afirmó que no hay ninguna relación entre sus representados y Felipe.

“Parte de la investigación que hicieron los oficiales y sus reportes de policía, ellos indican que están desde las siete de la mañana en Parque Interlomas, esperando a que llegue Felipe, esa es su justificación (…) Se acercaron con ellos y les preguntaron sus nombres, y ahí había un Felipe (…) Ellos son cuatro, y ahí había un Felipe”.

En el proceso penal, los jueces validaron las declaraciones de dos testigos, Jorge Camarena López y Carlos Roberto Ullauri Llivicota, quienes aseguraron que, en dicho inmueble, se guardaban armas.

Ambos refirieron que lavaban coches en ese predio, y presentaron ante los agentes de la FGR credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) , como identificaciones oficiales.

Sin embargo, la defensa de los imputados comprobó que dichas credenciales eran falsas.

“No se localizó registro alguno para cada uno de ellos en la base de datos del padrón electoral”, respondió el INE en un oficio a un juez civil.

Aún así, las declaraciones de los testigos fueron validadas por los jueces en el proceso penal.

“Cómo la Fiscalía General de la República está integrando carpetas de investigación con documentación falsa. Ellos como autoridad tienen toda la facultad de revisar todas aquellas probanzas que les llegan… Nunca se percataron de que esas credenciales eran apócrifas, fueron impuestas por ellos mismos, o fueron impuestas por la Policía Federal”, apuntó Laura Espejel.

¿Qué pasó durante el juicio de los acusados?

La etapa intermedia del caso le fue asignada al juez Rogelio León Díaz Villareal, el mismo que liberó al “Don Rodo”, pero se excusó y la designó al juez Daniel Peña.

Una vez concluida la etapa intermedia, León Díaz debía fijar una fecha para la apertura del juicio oral, pero el 13 de septiembre de 2023, argumentó que no podía comenzar esta etapa a causa de la pandemia por el covid-19. Desde entonces, no ha convocado a dicha audiencia.

“No se soslaya para este juzgador que a los acusados Juan Amador Amox Juárez, Luis David Amox Juárez, Felipe Olguín Juárez y Juan Diego Olguín Juárez les asiste el derecho a que se les administre justicia de manera pronta y expedita”.

“Sin embargo, se solicita sensibilidad para atender lo previsto y se comprenda que la audiencia de juicio se realizará una vez que le corresponda su turno. Notifíquese a las partes y cúmplase. Así lo proveyó Rogelio León Díaz Villarreal, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento”, expuso su resolución.

La abogada aseguró que esta práctica es común en el juez León Díaz Villareal, ocasionando consecuencias fatales en internos del penal de Santiaguito.

“Las consecuencias han sido, bueno de inicios de finales de diciembre a la fecha, se han suicidado al menos cuatro personas, ¿por qué? Porque, una, la incertidumbre jurídica que están viviendo, que no saben realmente cuándo se van a llevar a cabo sus audiencias, bueno, no pueden sopesar los gastos que genera un penal, un penal no es gratuito. De hecho en Santiaguito, mis internos y, bueno, platicando igual con algunos otros, me comentan que sólo tienen derecho a una comida por semana”, acusó.

(milenio.com)





           



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