Diputados federales de todas las fuerzas políticas se pronunciaron en favor de la creación del Sistema Nacional contra la Corrupción, con el fin de atacar con todo ese problema que aqueja al país.
Reconocieron además que dicha práctica se ha convertido en un lastre que detiene el desarrollo del país, por lo que se manifestaron en favor de combatirla con un diseño eficaz de normas y sanciones.
Sin embargo, expresaron sus diferencias sobre las características que debe tener, al abordar el tema en la discusión de la agenda política durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El vicecoordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Gutiérrez de la Garza, afirmó que esa fuerza política no puede aceptar que en la lucha contra la corrupción se caiga en el oportunismo político y electoral.
Tampoco se debe permitir que se incurra en la denuncia mediática, donde algunos actores están más preocupados por exhibir públicamente a cualquier servidor público, cuando se requiere atacar de fondo ese problema, añadió.
De acuerdo con el legislador, el PRI tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción, pero se pronunció por atacar los temas de fondo.
Refirió que en este momento se encuentran en análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales las iniciativas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), la de la diputada petista Lilia Aguilar, así como la del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con Gutiérrez de la Garza, el PRI plantea la desaparición de cualquier consejo nacional, comité o figura que entorpezca el procedimiento que tienen que llevar determinados entes, “independientemente de que este Consejo Nacional con diversas atribuciones proviene de una iniciativa que no es de nosotros”.
La propuesta priista plantea asimismo el fortalecimiento y la coordinación de los entes ejecutores de ese sistema, que implica reforzar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que investigue de inmediato sobre faltas graves, agregó.
También se pretende fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como un ente investigador directo de cada una de las acciones, pero que a su vez trabaje con actitudes preventivas.
La prioridad de ambos entes, precisó, no será la sanción, es la investigación para que exista un tribunal independiente encargado de aplicar sanciones.
Por supuesto, dijo, existe la Fiscalía Anticorrupción, que se encargará de la denuncia de cualquier delito de tipo penal.
El priista exhortó a la colegisladora para que una de sus prioridades sea concretar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que contiene a su vez la Fiscalía Anticorrupción.
José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, aseveró que la corrupción es un fenómeno que está aniquilando la confianza de los mexicanos en sus instituciones y se ha convertido en un lastre que detiene el desarrollo del país, por lo que se manifestó a favor de combatirla con un diseño eficaz de normas y sanciones.
“Hoy se nos presenta la oportunidad de construir un Sistema Nacional Anticorrupción capaz de eliminar estas prácticas, prevenir que se dañe el patrimonio público y sancionar a quienes cometan estos delitos. Esta Legislatura puede pasar a la historia como la que dio el paso para la creación del sistema del combate a la corrupción”, expresó.
En tribuna, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Pérez Tejada Padilla, afirmó que la corrupción representa un fuerte obstáculo para el desarrollo nacional.
Dicha práctica “desincentiva la inversión del sector privado, afecta la economía de las familias mexicanas, distorsiona la distribución del ingreso y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos”, aseveró.
Ante ello, precisó, el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser sometido a consideración en las próximas semanas, a fin de dotar al Estado de herramientas jurídicas para que el país “supere las malas prácticas de servidores públicos y de particulares que obran en contra del interés general de la nación”.
Por el PAN, la senadora María del Pilar Ortega Martínez enfatizó que la corrupción en el país tiene su origen en una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas, así como en un marco institucional débil en supervisión, sanciones y transparencia.
Sostuvo que el país requiere una reforma como la que propone su partido, para abatir el origen y las causas que provocan la corrupción.
La perredista Roxana Luna Porquillo expresó que las prácticas gubernamentales, durante más de 60 años, han permitido que se conforme un Estado corrupto, por lo que consideró necesaria la creación de un sistema anticorrupción independiente del Poder Ejecutivo.
La vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, consideró que el pre proyecto que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales es insuficiente para acabar con el problema de la corrupción en el país, toda vez que “no hace una separación clara entre la transparencia y la rendición de cuentas”.
Propuso que los partidos políticos “demuestren altura de miras” y hagan “una propuesta de transparencia y anticorrupción integral, donde todos reconozcamos los problemas que enfrentamos y donde todos realmente estemos dispuestos a resolver éste, que es un problema de raíz y sistemático en México”.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Nelly del Carmen Vargas Pérez, consideró que “es imperiosa la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción” y destacó que es un tema “de la máxima prioridad ante la actual condición del país”.
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