El dictamen de la Ley General de Aguas que aprobaron los diputados en comisiones, pone a México a la vanguardia en un tema tan delicado como es el del agua y vela por los intereses de la Nación, afirmó el senador Manuel Cota Jiménez.
La nueva ley que se discutirá el martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, pone orden en el tema central del vital líquido tanto para consumo humano, como para la producción agropecuaria y la generación de alimentos para los mexicanos, anotó.
Este ordenamiento, dijo, trata al agua como un asunto estratégico y de seguridad nacional, que el Estado debe tener bajo su tutela, ya que el líquido impacta los sectores más importantes para avanzar en el desarrollo económico y social.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que el dictamen que aprobaron las comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos en San Lázaro, no beneficia a empresas particulares.
“Tenemos que ser muy puntuales, los políticos tenemos que velar por los intereses de la nación y desde luego se cruza el tema electoral, pero tenemos que actuar con mucha responsabilidad, no puede decirse que se privatizará algo tan importante como el agua”, enfatizó.
El también presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) aclaró que se trata de una reforma legal, “es una ley, no se toca la Constitución”.
Para privatizar es necesario tocar el Artículo 27 constitucional, que reserva las aguas como propiedad nacional, no se modifica ni la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que se conserva la propiedad de las aguas para la Nación, enfatizó.
“No hay tal, lo digo con mucha puntualidad, no se privatiza el agua”, reiteró Cota Jiménez.
Por el contrario, dijo, hay entidades que privatizan el servicio del Agua, “como es el caso del Distrito Federal, pero para no caer en polémica quiero dejar en su justa dimensión lo que presentó el gobierno y que para nosotros es muy importante”.
El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado resaltó que México viene de un periodo de discusión, aprobación y puesta en marcha de reformas de gran calado y “una que es muy trascendente, indudablemente por lo que representa el agua, es justamente esta ley”.
En ese sentido, expresó la satisfacción del sector campesino por esta iniciativa que envió el Ejecutivo y que la pluralidad interna del Congreso enriqueció para preservar el preciado líquido, que está regulado por una ley que data de 1992.
“Como dirigente de la CNC expreso mi satisfacción y gratitud porque los diputados hicieron foros y se logró que fuera votada en dos comisiones y que entrara el martes al pleno para discutirse”, comentó Cota Jiménez.
En ese sentido, señaló que el sector agropecuario fue escuchado y atendido, y se tiene una iniciativa integra y completa, que no sólo ve el derecho humano al agua, sino también el derecho constitucional a la alimentación.
“Estamos orgullos de que México se coloca a nivel y a la vanguardia, en donde el agua requería entrar en un orden que permitiera preservarla, cuidarla y hacer buen uso de ella”, destacó.
El senador del PRI resaltó que la ley prevé también la creación de un Consejo Consultivo del Agua, donde participará la sociedad para direccionar la política pública en beneficio de la población, lo que “es un ejemplo de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto continúa escuchando a la gente”.
Cabe recordar que en febrero de 2012 entraron en vigor las reformas constitucionales con las que se reconoce el derecho humano al agua, en las que también se estableció la obligación para que el Congreso emita una Ley General de Aguas.
La iniciativa de ley establece la participación de la Federación, estados, Distrito Federal, municipios y ciudadanía, para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, así como regular las aguas nacionales.
Asimismo, contempla garantizar una dotación de 50 litros diarios de líquido para cada habitante del país, mantiene los recursos hidráulicos como propiedad de la nación y trata el asunto como de seguridad nacional.
Establece las competencias de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
De igual forma, manifiesta que los distintos niveles de gobierno deberán implementar proyectos para mejorar la distribución del agua, alcanzar la cobertura universal y asegurar la autosuficiencia y sostenibilidad del sector hídrico del país.
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