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  • » Listo el proyecto de dictamen que crea la nueva reforma educativa de López Obrador

    Esta nota fue creada el viernes, 15 marzo, 2019 a las 21:52 hrs

    Las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados circularon el proyecto de dictamen por el cual se abroga la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto y se crea una “nueva” reforma educativa sin la parte “punitiva” que tanto molesto a los maestros, según los legisladores de morena.

    De entrada, el proyecto que incluye la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea en el artículo Tercero transitorio que “todo acto derivado de la Ley General del Servicio Profesional Docente vinculado a la no permanencia de las y los maestros, queda sin efectos”.

    Esto es, que se elimina toda posibilidad que los maestros puedan ser despedidos por no aprobar la evaluación.

    En el artículo cuarto transitorio se precisa que se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (el INEE) y “se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto”.

    Como parte de la “nueva” reforma educativa, el proyecto de reforma a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución, establece la obligatoriedad de la educación desde preescolar hasta nivel superior y los maestros tendrán acceso a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización “retroalimentado por evaluaciones diagnósticas”, para cumplir con los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.

    Corresponderá a las leyes secundarias establecer las disposiciones “del Sistema para la Carrera de las y los Maestros” en sus funciones docente, directiva o de supervisión.

    Los planes y programas de estudio “tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas extranjeras e indígenas de nuestro país, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la literacidad y el cuidado del medio ambiente”.

    Se elimina el criterio de que la educación deberá ser “de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”.

    Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, ente coordinado “por un organismo público descentralizado”, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado”.

    Y que le corresponderá realizar las “evaluaciones diagnósticas” a los maestros, certificar los procesos de la mejora continua de la educación, emitir lineamientos del desarrollo del magisterio.

    Este organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano.

    En cuanto los integrantes de la Junta Directiva y el Consejo Técnico, además de acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, deberá acreditar “no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los tres años anteriores a la designación”, y sólo podrán ser removidos por “causa grave”.

    El dictamen también establece que es obligación de los padres, “participar en el proceso educativo” de sus hijos, debiendo “revisar su progreso y desempeño, velando siempre por el bienestar y desarrollo”.

    Se elimina el Servicio Profesional Docente, y será faculta del Congreso establecer “el Sistema para la Carrera de las y los Maestros”.

    Y, en tanto se expida la ley en materia de Servicio de Carrera de las y los maestros “queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesaria y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente”.

    Las legislaturas de los Estados tendrán un año para “armonizar” su marco jurídico.

    Para atender la educación inicial, el Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para definir “una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia”.

    Este miércoles, los diputados integrantes de ambas comisiones se reunirán para discutir, y en su caso aprobar el dictamen que podría llevarse al Pleno el jueves para su votación.





               



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