» Mafia ‘arrebata’ predios en el Centro Histórico de CdMx para construir plazas

La disputa por un predio en Emiliano Zapata 40, en el Centro Histórico de Ciudad de México, destapó el nuevo modus operandi de una mafia, la cual consiste en destruir edificios patrimoniales, apoderarse de ellos de manera ilegal, algunos desalojados con violencia por la Unión Tepito, para después construir plazas comerciales en la zona.

Los llaman Los Hidalguenses, ya que llegaron a la capital desde la sierra de Hidalgo traídos por Óscar Hidalgo, líder de comerciantes desde 1987 y de esta forma se han “apoderado” de al menos 80 predios en el centro.

Específicamente dos personas han actuado con impunidad en esta área de conservación patrimonial para hacerse de predios de manera ilegal para “venta” o “renta” de locales a comerciantes.

Gregorio Leyva Quezada, quien se ostenta como arquitecto y cuyo nombre aparece en tres averiguaciones, como parte de la carpeta CI-FCH/CUH-4/UI-3 S/D/26185/09-2019 de la Fiscalía capitalina por daño en propiedad ajena, fraude y amenazas por los predios de República de Perú 122, Santo Tomás 36, Isabel la Católica 75, República de Bolivia 58 y 68, así como República de Argentina 94.

Su cómplice Othón Torres Nájera tiene abiertas cuatro investigaciones por fraude.

El 14 de febrero de 2019, MILENIO documentó la relación de los predios Bolivia 58 y 68 con la Unión Tepito; “la entonces Procuraduría capitalina ubicó a un hombre conocido como El Perro, presunto integrante del cártel, y quien estaba encargado de despojos y la invasión de inmuebles; además, ofertaba la propiedad de Bolivia 58 en 32 millones de pesos, del cual se afirma está escriturado; mientras que el predio de Bolivia 68 esquina Girón se rentaba en 13 mil 500 pesos al mes.

Testimonios vecinales y documentos del gobierno de la Ciudad de México en poder de MILENIO revelan que desde 2014, durante el mandato de Miguel Ángel Mancera, comenzaron a detectar obras irregulares en 23 predios, como Rodríguez Puebla 21 y 35; Manuel Doblado 34, 73, 102 y 113; República de Colombia 77 y 86; Florida 7; República de Venezuela 48 y 83 (local A y B); Lecumberri 7, 29 y 40; Leona Vicario 41, 45, 47 y 48; Emiliano Zapata 64, y Miguel Alemán 14 y 123.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum, los desalojos siguieron, como lo ocurrido en República de Perú 122, Santo Tomás 36, Isabel la Católica 75, República de Bolivia 58 y República de Argentina 96.

Pablo Gutiérrez, uno de los afectados, contó que los primeros predios que documentaron y denunciaron ante la Procuraduría Ambiental local fueron los de Manuel Doblado 33 y Rodríguez Puebla 35, el 12 de junio y 30 de septiembre de 2014, respectivamente. Pese a que se abrieron los expedientes PAOT-2014-539-SOT-268 y PAOT-2014-540-SOT-269, no hubo sanciones ni detenidos.

“Desde 2014 un supuesto grupo ciudadanos empezó a apoderarse de los predios en el Centro Histórico, predios intestados y fueron dándoles liquidación a la gente para que desocuparan esas vecindades”, contó.

Agregó que estos inmuebles ahora son plazas comerciales: “El notario público número 6, en Hidalgo, es el que les ha avalado movimientos de compra-venta ficticios” y de esta manera ellos han hecho “falsas promesas a quienes les han vendido locales”.

Gutiérrez afirmó que “líderes de ambulantes, Seguridad Pública, la delegación Cuauhtémoc, el Invea y el Registro Público de la Propiedad, así como la Seduvi, están apadrinados por altos funcionarios de gobierno”.

El 12 de julio de 2016, el predio de República de Argentina 96 fue desalojado por policías capitalinos argumentando asentamiento irregular. Los residentes no opusieron resistencia.

El inmueble con valor histórico fue adquirido de forma “cuestionable” por Othón Torres Nájera y pese a los sellos de clausura y suspensión que colocaron la Procuraduría Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente, el INAH y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, fue demolido por la empresa Comercial del Centro Granadinas.

Ahora en ese lugar se encuentra una plaza comercial; en el consorcio que la construyó figura Lei Gao, como secretario, y Othón Torres Nájera, como presidente, mientras que Gregorio Leyva fue señalado para recibir notificaciones para la solicitud de alineamiento y número oficial.

Ponen el ojo en Zapata 40

El predio del que ahora quieren hacerse es Emiliano Zapata 40, propiedad ni más ni menos que del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que ya cuenta con sellos de “suspensión de actividades”, pero ante la pasividad de las autoridades, la construcción sigue.

Desde el 13 de abril, personal del INAH suspendió la obra irregular, ya que identificó la demolición parcial al interior del inmueble por lo que se inició la denuncia ante la FGR FED/FECOC/UIEDAPLECDMX/0001509/2021, con la agente del MP de la Federación, Carmen Nayeli Pérez Álvarez.

El 5 de noviembre, el INAH entregó citatorio a los ocupantes del predio en donde se les solicita frenar la demolición, restaurar el inmueble histórico y que se cubra una multa de 89 mil pesos.

El 12 de noviembre, el INAH presentó copia de la resolución a la FGR para que asegure el inmueble, por lo que la PAOT colocó los sellos de suspensión de actividades y emitió la opinión técnica PAOT-2021-52-DEDPOT-52, que concluye que derivado del análisis comparativo entre imágenes de Google Earth 2019 y la ortomosaico generada del dron realizado el 25 de agosto del 2021, se observó que existen trabajos de demolición parcial del inmueble preexistente y de construcción de obra nueva en el predio, conservando totalidad de la fachada.

Sin embargo, la mafia compuesta por Gregorio Leyva Quezada y Othón Torres Nájera continúa impune.

(milenio.com)