» Magistrado insta resolver denuncias de desvío de recursos a comicios

Las autoridades deben resolver denuncias de desvío de recursos públicos con fines electorales, para obtener una jornada sin dudas en la conducta de sus participantes, afirmó Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral federal.

Durante el seminario “Justicia electoral y democracia. Los dilemas del procedimiento especial sancionador”, indicó que el desvío de recursos públicos con fines electorales realizado por funcionarios de gobierno, constituye una violación a la Constitución que debe ser sancionado.

En un comunicado agregó que las autoridades deben resolver las denuncias, con la finalidad de lograr una jornada comicial en la que no existan dudas respecto de la conducta de quienes participan en ella.

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) explicó que aunque la normatividad no establece el desvío de dinero del erario como causal para tramitar juicios de este tipo, ante su trascendencia, esta conducta no puede dejar de ser castigada por las autoridades.

Refirió que en la práctica, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio de analizar y resolver quejas presentadas por partidos y la ciudadanía en casos relacionados con posibles violaciones al artículo 134 de la Constitución.

Al participar en la Mesa 1, La tramitación del procedimiento especial sancionador, resaltó también que ante la complejidad de los temas que son recurridos como procedimientos especiales sancionadores, es necesario un adecuado análisis y determinar si las conductas denunciadas se apegan o no a preceptos y principios constitucionales.

En este sentido recordó que en ese tipo de quejas son los denunciantes quienes tienen el derecho y la obligación de aportar las pruebas sobre sus afirmaciones, de lo contrario, los recursos habrán de ser desechados.

Agregó que tal como fue dispuesto por el legislativo, el procedimiento especial sancionador tiene una naturaleza mixta, pues no es completamente administrativo ni jurisdiccional, al ser desahogado de manera conjunta por el INE y el Tribunal Electoral, a través de su Sala Regional Especializada.

Galván Rivera detalló que al Instituto Nacional Electoral (INE) le fue encomendada la tarea de tramitar la denuncia que originó el inicio del procedimiento especial sancionador y a la Sala Regional Especializada le corresponde emitir la resolución correspondiente.

El magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, Marco Antonio Zavala Arredondo, expresó a su vez que el procedimiento especial sancionador surgió con la finalidad de detener, corregir y enmendar conductas atentatorias de principios constitucionales, como la equidad en los comicios.

Resaltó que este procedimiento tiene la finalidad de que las posibles violaciones a la normatividad comicial y a la Constitución, durante los procesos electorales, no continúen causando efectos nocivos que puedan derivar en su anulación.