» Monreal propone sancionar hasta con 21 años de prisión el delito de peculado

Para inhibir el delito de peculado, el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso castigar hasta con 21 años de prisión a quien cometa los delitos de contratación indebida, recibo indebido de remuneraciones, beneficio económico derivado del ejercicio abusivo de funciones y peculado.

De acuerdo con las modificaciones al Código Penal Federal que propone el líder de la mayoría en el Senado, en el caso de peculado, cuando el monto de los fondos utilizados indebidamente no exceda el equivalente de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 4 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días multa.

Y en caso de que los recursos utilizados en el peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta una mitad más de la pena.

Por la comisión de estos delitos se prevé también una multa de 448 mil 100 pesos, equivalentes a 5 mil veces el valor de la UMA.

Al argumentar su iniciativa, Monreal Ávila recordó que México se ubicó en 2020 en el lugar 124 de 180 naciones evaluadas en esta materia.

“Según el Latinobarómetro, organización no gubernamental dedicada a realizar encuestas en América Latina, en su publicación de 2018, ubicó a la corrupción como el segundo problema más importante para la población de México, únicamente por debajo de la delincuencia.

En tanto que, World Values Survey, en una escala de 1 a 10, siendo 10 la clasificación máxima de percepción de corrupción, para 2018 el 83 por ciento de la población consideró que había mucha”, indicó.

Datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2019, arrojó que 15 por ciento de la población en México experimentó algún hecho de corrupción.

Ante ello, consideró que nuestro país no puede ser omiso ante actos, hechos y efectos de la corrupción que desplazan el interés público por un beneficio privado y que debilitan a las instituciones de control tanto administrativas como judiciales.

(24-horas.mx)