La mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados emplazó a la oposición a consensuar un dictamen sobre la reforma electoral a más tardar el 25 de noviembre o, en caso contrario, los legisladores de la llamada cuarta transformación impulsarán un “Plan B”.
Así lo confirmó el diputado Hamlet García, integrante del grupo de trabajo integrado para el análisis de las más de 100 iniciativas en materia electoral, al tiempo de subrayar que el número de legisladores de Morena, PVEM y PT en el Palacio de San Lázaro les dan para designar a por lo menos tres de los cuatro nuevos consejeros del INE en abril de 2023.
“Nuestro coordinador parlamentario ya le ha informado a la oposición que tienen hasta el 25 de noviembre para que podamos ir en un dictamen de consenso en comisiones y, si esto no ocurre, Morena va a insistir en la iniciativa presidencial”, dijo.
En entrevista, García admitió el escenario de un rechazo a la reforma constitucional con el voto opositor en contra y, en ese caso, Morena presentaría de inmediato una iniciativa de reformas a la legislación secundaria que no requiere de consenso con la oposición.
“Nos bastan los votos con nuestros aliados para poder transitar en un Plan B que sería esta reforma secundaria”, puntualizó.
Sin embargo, dijo, la oposición tendría tres consecuencias: primera, no participarían en la discusión de la reforma secundaria o sería intrascendente su opinión; segunda, seguiría el proceso de designación de consejeros y Morena designaría por lo menos tres de los cuatro consejeros electorales en abril de 2023, y tercera, la sanción por parte de los ciudadanos y el electorado a los opositores por votar contra la iniciativa.
El legislador reconoció que para la designación de consejeros electorales se requiere de mayoría calificada de dos terceras partes, pero sostuvo que, en su caso, sería “muy sencillo” llegar a un acuerdo con alguna de las bancadas de la oposición.
Precisó que con el Plan B de reformas a la legislación secundaria no sería posible reducir el número de consejeros y magistrados electorales, ni establecer su elección por voto popular, y tampoco recortar el financiamiento público a partidos políticos.
Sin embargo, sería posible avanzar en el voto electrónico, las acciones afirmativas, modificar la estructura del INE, así como acotar sus facultades en normas procesales y temas de fiscalización para evitar “sanciones excesivas” como la cancelación del registro de candidatos por incumplir reporte de gastos, como ocurrió en Guerrero y Michoacán.
(milenio.com)