» Obligatoria capacitación en paridad de genero para todos los servidores públicos: Juárez Piña

Esta nota fue creada el lunes, 21 septiembre, 2020 a las 21:02 hrs

Con el propósito de prevenir y evitar feminicidios, así como todo tipo de violencia contra las mujeres, incluida la política, la diputada Verónica Juárez Piña propuso reformar la Constitución para instituir que todas y todos los funcionarios públicos reciban capacitación en materia de paridad de género, no discriminación y Derechos Humanos antes de asumir su encargo.

Dicha capacitación -puntualizó- debe ser con independencia de si los funcionarios reciben el encargo por nombramiento o por elección popular.

La líder perredista en la Cámara de Diputados argumentó la necesidad de esta reforma con el hecho de que la violencia feminicida es un grave problema que en México no disminuye sino, al contrario, aumenta cada día, a lo cual contribuye la incompetencia y negligencia desde diversos niveles de gobierno.

Esta incompetencia y negligencia se da incluso a pesar de convenios internacionales signados por México e, incluso, sentencias en su contra de parte de instancias supranacionales. El resultado de sus omisiones y desatenciones a unos y otras es que en su territorio al menos 11 mujeres son asesinadas al día y la gran mayoría es agredida en diversas formas.

Además -puntualizó la Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados-, la generalidad de mujeres es sometida a violencia institucional por quienes detentan el poder público, lo cual es reflejo de una sociedad en la que se valora poco la vida e integridad de las mujeres.

Mencionó avances registrados en el país como resultado de una larga lucha de organizaciones feministas. Uno de esos avances es la reforma constitucional en materia de paridad publicada el 6 de julio de 2019.

Sin embargo, aclaró que falta mucho para lograr la paridad de género y que, en tal sentido, la violencia contra las mujeres es un asunto de política pública que incumbe a toda la sociedad por lo que, además de sancionarla, se debe prevenir, principalmente en los espacios de autoridad pública.

Refirió que el GPPRD ya ha presentado otras propuestas en este rubro, como para todas y todos quienes acceden a un puesto en la Administración Pública Federal, quienes aspiran a un cargo de elección como candidatos y para quienes han de ocupar los cargos de legisladores al Congreso de la Unión.

Adicionalmente, ha propuesto que se capacite al personal de estructura de la propia Cámara de Diputados para garantizar los derechos de todas las personas que en ella laboran.

Insistió en que falta concretar éstas y otras propuestas, como lo evidencia el incumplimiento de convenios internacionales que obligan al Estado Mexicano a promover la paridad de género, entre ellos el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, particularmente de su Informe final de 2012, y el Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI, de 2014.

En ambos se instruye capacitar particularmente a integrantes de organismos ejecutivos, legislativos, judiciales, sanitarios, educativos, militares, policiales, sociales y comunitarios, entre muchos otros, en el tema de paridad de género.

A su vez, entre las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano para que capacite a sus funcionarios citó las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos “González y otras (Campo Algodonero)” del 16 de noviembre de 2009, “Rosendo Cantú y otras” del 31 de agosto de 2010 y “Fernández Ortega contra México” del 30 de agosto de 2010.

Por otra parte, refirió experiencias internacionales que respaldan su propuesta, como la Iniciativa Micaela del 19 de diciembre de 2018 en Argentina, así llamada en honor de la joven activista Micaela García, de 21 años, violada y asesinada por un expresidiario en libertad condicional, y cuyo caso obligó a la capacitación de funcionarios de todos los niveles y órdenes de gobierno, particularmente en el Poder Judicial.

Para el caso mexicano, Juárez Piña señaló que la capacitación no sólo debe ser para los poderes federales, sino también estatales y municipales, por lo cual en un artículo transitorio propone que en plazos perentorios adecuen sus respectivas normas y se instituya el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres.





           



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