El ombudsman nacional, Luis Raúl González, llamó a las asociaciones de abogados y a los despachos legales para que los profesionales del derecho pongan su experiencia y conocimientos al servicio de las causas más urgentes de México.
Pidió que “con plena conciencia social, vocación de servicio y ánimo altruista, asuman la defensa de casos y de personas que, sin su intervención, difícilmente podrán acceder a la justicia a que tenemos derecho todos los mexicanos”.
Durante la inauguración del Seminario Internacional “La Abogacía en México: su Responsabilidad Social y el Sistema Pro Bono”, destacó que las condiciones de México hacen que las necesidades sean muchas y la agenda de temas que se tienen que atender sea amplia.
Afirmó que los abogados pueden ser factor de cambio para que los derechos de los pueblos indígenas sean vigentes, para que las personas en condición de migrantes hagan valer sus derechos, para que quien sea acusado sea juzgado conforme a derecho y las víctimas accedan a la reparación integral.
En el evento, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Pérez aseguró que el organismo nacional acompañará y reconocerá el esfuerzo y trabajo de los abogados en ese ámbito.
“La idea es que su trabajo inspire a otros mexicanos para que en sus campos profesionales emprendan tareas en beneficio social”, planteó en el marco de los actos conmemorativos por el 75 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La defensa de la dignidad humana es una tarea y compromiso de todos, que sólo será posible si nos fijamos metas y objetivos comunes y si ponemos como premisa de nuestra actividad diaria la necesidad de trabajar por el bien de México y de la sociedad, sostuvo.
El ombudsman nacional expresó que está consciente del papel determinante que en México tienen los abogados en hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Dijo que el resultado de las deliberaciones del seminario es de la mayor importancia para la CNDH.
Además, señaló la necesidad de que se adopten fórmulas y mecanismos innovadores para garantizar que todas las personas puedan tener una representación legal pertinente, accesible y oportuna, cuando acudan ante una instancia de impartición de justicia.
La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, recordó, generó un contexto de respeto y protección de los derechos fundamentales, en que la regulación y el ejercicio profesional debe preservar y defender la dignidad humana como premisa.
En el caso de los abogados, planteó, el vínculo más evidente del ejercicio profesional con el ámbito de los derechos humanos se da respecto del derecho de acceso a la justicia, todo de acuerdo con un comunicado de la CNDH.
En tanto que la intervención de un letrado en derecho es, en la práctica, una condición sin la cual difícilmente se puede invocar exitosamente la actividad del Estado en defensa de un derecho que ha sido violentado, abundó.
González Pérez puntualizó que la regulación del ejercicio profesional debe vincularse y encontrar justificación y sustento en una cultura de los derechos humanos, siendo la clave para resolver los problemas inherentes a este tema, la responsabilidad compartida del Estado, de la academia, de las asociaciones profesionales y de los propios abogados.
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