» PRD urge a estados armonizar legislación antitrata

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió a las entidades federativas armonizar sus legislaciones con lo dispuesto en la Ley General contra Trata de Personas, a fin de crear mecanismos y protocolos que ayuden a combatir esa problemática.

En entrevista, la secretaria de Derechos Humanos del PRD, Carmen Vera Juárez, aseguró que esa tarea implica involucrar a los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas, pues falta actualizar a muchos funcionarios de procuración de justicia y de seguridad pública.

En su opinión, se requieren campañas con perspectiva de género para prevenir e informar a la ciudadanía, así como capacitar a las autoridades municipales y estatales para identificar las diversas formas que adopta la trata de personas y las medidas para erradicarlas.

De acuerdo con Vera Juárez, el 10 de febrero de 2014 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas, que le otorga la facultad exclusiva para expedir leyes generales contra ese delito.

En esa ley se establecen las conductas que deben ser investigadas y sancionadas por agentes del Ministerio Público y los jueces de los fueros local y federal, así como las competencias para la prevención de ese delito por los gobiernos de todo el país, agregó la perredista.

Indicó que organizaciones civiles han denunciado el crecimiento de la actividad de traficantes de personas y víctimas de trata en diversas entidades, entre ellas en San Luis Potosí, donde la semana pasada fue desmantelada una red que operaba en el centro histórico de la capital del estado.

Al respecto, Carmen Vera precisó que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2009 y 2015 “Baja California Sur, Jalisco y San Luis Potosí han sido omisas en reportar una sola averiguación previa” por ese delito, y tampoco hay personas consignadas.

Para el PRD, el hecho de que existan importantes rezagos en esos tres estados “es consecuencia de la falta de actualización de muchos funcionarios estatales de procuración de justicia y de seguridad pública, sobre protocolos de actuación frente a estas actividades”, puntualizó Vera Juárez.