Al cumplirse ocho años de aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la ciudad de México, se han practicado 139 mil 638 procedimientos en mujeres de todos los estados del país, señaló la legisladora Martha Lucía Mícher Camarena.
Con ello, dijo, el Distrito Federal ratifica ser un espacio de derechos y libertades donde se salvaguarda el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad libre, voluntaria, responsable e informada.
Asimismo, decidir el número y el espaciamiento de las hijas e hijos que se encuentra consagrado en el Artículo 4 de la Constitución, agregó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
En la capital del país se castiga el aborto después de las 12 semanas de gestación, sin embargo, se permite la ILE como una política pública que amplía las opciones para mujeres y decidir de manera legítima y oportuna el número de hijos.
Esa propuesta ha tenido un impacto favorable en la reducción de la mortalidad materna ocasionada por abortos inseguros e insalubres, por lo que consideró que debe mantenerse, afianzarse y fortalecerse, a fin de seguir siendo un referente nacional e internacional.
De acuerdo con la legisladora, las cifras oficiales y las historias personales de mujeres que han salvaguardado su vida, salud e integridad, demuestran que esta normatividad representa un gran avance en la ampliación y progresividad de los derechos humanos.
Ello, añadió, porque refuerza las políticas en materia de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, en especial de las jóvenes y de quienes viven en situaciones de violencia, como un medio para la actuación responsable frente a un embarazo no planificado.
Hasta hoy se han recibido más de 190 mil 789 solicitudes de información sobre ILE, que dan cuenta del consentimiento informado que permite tomar decisiones razonadas y responsables.
Mícher Camarena insistió en que se han realizado 139 mil 638 procedimientos en mujeres de todos los estados del país y en la ciudad de México no se obliga ni incita a ninguna mujer a practicarse un aborto.
Al contrario, permite que ellas accedan a información científica y oportuna para ejercer su legítimo derecho a decidir sobre sus vidas, entornos y cuerpos, aseguró.