» Se disparan sanciones económicas y denuncias penales contra corruptos en gobierno de AMLO

Las sanciones económicas contra funcionarios para recuperar desfalcos y las denuncias penales por corrupción al interior del gobierno federal se dispararon en niveles históricos en lo que va de la actual administración, en comparación con sexenios anteriores.

En dos años y medio, entre 2019 y el primer semestre de 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó sanciones monetarias a servidores y ex servidores públicos federales por más de 2 mil 800 millones de pesos, una cifra muy superior a los 56.9 millones de pesos de sanciones de este tipo que, en total, se aplicaron durante los 19 años previos, entre 2000 y 2018.

La diferencia en los montos del actual sexenio frente al monto acumulado de 19 años es de casi el 5 mil por ciento.

Así lo reflejan las cifras del anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este martes pronunciará un discurso sobre la lucha anticorrupción al participar en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.

Por otra parte, en dos años y medio, la SFP presentó 750 denuncias penales ante la fiscalía anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 341 funcionarios y ex funcionarios, la mayoría acusados por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos.

En el sexenio anterior, las denuncias penales presentadas por la SFP ante el ministerio público apenas sumaron 38.

La diferencia en las cifras de denuncias penales presentadas ante la FGR es de casi el 2 mil por ciento.

Contra licitantes, proveedores y contratistas, las multas en este sexenio también han sido superiores: en 2019 sumaron mil 450 millones 378 mil 290 pesos, un monto que en 20 años no se había registrado.

A la fecha, las sanciones contra empresas impuestas por la SFP este sexenio suman mil 628 millones 752 mil 405 pesos.

En materia de faltas administrativas graves, la SFP ha identificado que la mayor cantidad de éstas se cometen en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, por lo que los expedientes abiertos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridad que debe dictar la sanción correspondiente.

Multas históricas

De acuerdo con las cifras del Tercer Informe de Gobierno, en 2019 la SFP reportó la aplicación de sanciones económicas por un monto de 172 millones 141 mil 559 pesos.

Para 2020, el monto se disparó exponencialmente hasta llegar a mil 873 millones 373 mil 975 pesos, mientras que para el primer semestre de 2021, la cifra es de 838 millones 787 mil 879 pesos.

Durante 2018, el último año del sexenio anterior, las sanciones económicas que se impusieron apenas llegaron a un millón 371 mil 464 pesos y el monto más grande de sanciones de este tipo en ese sexenio fue de 3 millones 520 mil 222 pesos.

La imposición de sanciones económicas por parte de la SFP está contemplada en el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual especifica que este tipo de castigos se impondrán cuando los servidores públicos no reintegren al erario la cantidad de recursos públicos que “hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos”.

La dependencia precisó que esas sanciones económicas se consideran créditos fiscales que deben ser cobrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Múltiples denuncias

En lo que va de este gobierno, la SFP ha presentado 750 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, de las cuales, 198 se interpusieron desde las oficinas centrales, es decir, desde la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, sin contar las más de 500 que han presentado los Órganos Internos de Control (OICs), según un reporte de la dependencia.

De las 198 denuncias penales presentadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos, 165 están radicadas en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

De esas, la mayoría, 114, fueron presentadas por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Otras 34 denuncias fueron por uso ilícito de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio ilícito del servicio público, 10 por peculado, 5 por falsificación de documento y 14 por otros delitos.

En total, han sido denunciadas ante la FGR 341 personas servidoras y ex servidoras públicas, informó la dependencia.

En tanto, mediante los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado se han presentado 559 denuncias, la mayoría de éstas por los delitos de falsificación de documento, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.

Casos “graves”

La SFP ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas, de las que 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por los OIC y las Unidades de Responsabilidades.

La mayoría de esos expedientes lo concentra Pemex, empresa contra la que se han iniciado 325 casos abiertos, seguida de la Comisión Federal de Electricidad, con 52, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, contra los que hay 41.

El Instituto Politécnico Nacional tiene 28 expedientes por faltas administrativas graves, Telecomunicaciones de México tiene 26 y el Servicio Postal Mexicano, 24.

Amplias inhabilitaciones

De las 8 mil 228 sanciones que la SFP ha impuesto a 7 mil 34 personas servidoras públicas por conductas que constituyen faltas administrativas durante el actual sexenio, la mayoría, 3 mil 108, son inhabilitaciones.

Además, ha aplicado mil 601 suspensiones, mil 321 amonestaciones públicas, mil 126 amonestaciones privadas, 594 sanciones económicas, y 478 destituciones.

Además de las inhabilitaciones históricas a altos funcionarios de la administración pasada, como los ex secretarios Rosario Robles y Luis Videgaray; el director de Pemex, Emilio Lozoya, y el de Conade, Alfredo Castillo, así como del ex director de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido esta última, por 15 años, es la única que se encuentra firme, la dependencia también ha impuesto inhabilitaciones de hasta 10 años a funcionarios menores, sobre todo de Pemex y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De acuerdo con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, destacan las sanciones contra Bernardo Bosch Hernández, quien era gerente en la Subdirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Pemex; Vicente Gerardo Garza Magdaleno, gerente en la Subdirección de Productos Refinados en P.M.I Comercio Internacional, filial de Pemex, y Aquiles Moreno Martínez, subgerente corporativo en Pemex, así como Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien se desempeñó como subdirector de Aseguramiento Tecnológico en Pemex Exploración y Producción.

La SFP también inhabilitó por 10 años a Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, director general del Centro SCT Jalisco; a Luis Manuel Pérez Castañón, jefe de oficina en la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT y a Franciso Javier López Bárcenas, director de Administración en el Instituto Nacional de Cardiología.

Conade e ISSSTE, en la mira

De acuerdo con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, una institución sobre la que han puesto “la lupa” es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y también en nuestro órgano interno de control en la Conade… Estamos con la lupa en la Conade”, dijo Salcedo en su comparecencia ante diputados en octubre.

“Tenemos una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito… Además, estamos, por supuesto en la Conade, viendo la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otros sujetos que no eran, por más de 77 millones de pesos”, añadió el secretario a la pregunta que le hizo una diputada.

Destacó que derivado de las investigaciones de la SFP, se ordenó la destitución e inhabilitación, por seis meses, del subdirector de Calidad para el Deporte, Israel Francisco Benítez Morteo, del director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras Bonilla y de Tania Ibeth Sierra González, quien se desempeñaba como jefa de Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria.

Además, dijo, hay otras investigaciones por 9.5 millones de recursos asignados, sin las comprobaciones correspondientes.

Pero no sólo la Conade ha estado en la mira de la SFP, pues hasta mediados del 2020, el 90 por ciento de las 246 denuncias penales presentadas por los OICs hasta ese momento se concentró contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de acuerdo con estadísticas obtenidas por MILENIO vía transparencia.

(milenio.com)