La magistrada Janine Otálora se despedirá del Tribunal Electoral con un último debate que será clave para el futuro de los procesos democráticos: sancionar el beneficio indebido de los acordeones en las elecciones judiciales o permitir que manos ajenas al proceso decidan a quiénes impulsar de manera ilícita para llegar a un cargo en el Poder Judicial.
Después de ocho semanas posponiendo el tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvería finalmente este miércoles los cientos de juicios relacionados con las multas que el INE impuso a quienes se beneficiaron por los acordeones en la elección judicial, pero por complicaciones de última hora en la agenda de dos magistraturas, lo volvieron a posponer ahora, 24 horas.
Este jueves será la última oportunidad de la Sala Superior para resolver los asuntos, pues a partir de la próxima semana que ya no esté en funciones Janine Otálora, el pleno para estos asuntos será de cuatro integrantes, con lo que apenas se alcanzaría el quórum mínimo para resolver, al estar impedidos las nuevas magistraturas Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz por también haber sido multados por esta propaganda.
En los últimos dos meses, este debate se ha pospuesto por diferentes motivos: porque las nuevas magistraturas sumaban cientos de excusas de última hora, porque algún integrante estaba de vacaciones y esto implicaría que la sentencia apenas se lograra con dos votos, porque preferían resolverlos todos en una sola sesión y ahora, de plano, por problemas personales de último momento y reuniones ya programas que impidieron que las magistraturas avalaran sesionar este mismo miércoles como estaba previsto.
El debate de este jueves, se centrará en tres propuestas distintas de las cuales, perdonar las multas de forma lisa y llana, sin ningún tipo de responsabilidad por el beneficio indebido, es la que tiene la mayoría.
La magistrada Janine Otálora propone que las multas se revoquen, pero para efectos de que el Consejo General del INE analice los deslindes de las candidaturas beneficiadas y determine nuevamente si aún así, la falta amerita una sanción personal por haber tenido promoción a través de acordeones financiados por terceras personas, lo que estaba expresamente prohibido en la ley.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ya hizo públicos varios de sus proyectos en los que plantea que se revoquen las multas sin ningún tipo de revisión adicional, pues considera que debido a que el propio INE reconoció que no sabe quién pagó esos acordeones y continúa la investigación, por lo tanto, no puede imponer una sanción.
En contraste, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone confirmar las multas porque considera que los acordeones existieron y el beneficio también, además, de que tal como señaló el INE, si quienes ahí aparecieron se deslindaron asegurando que no lo pagaron ni elaboraron ni distribuyeron, se confirma que el financiamiento es de un tercero, es decir, de un ente prohibido.
Con estas tres propuestas el pleno del Tribunal Electoral tiene previstos resolver un total de 404 asuntos, de los cuales, 370 están relacionados con multas impuestas por el Consejo General del INE por la propaganda indebida de los acordeones y por irregularidades en la fiscalización de las campañas judiciales.
Las multas más altas que impuso el INE son de 146 mil pesos por aparecer en acordeones físicos que se repartieron días previos y durante la jornada electoral, y otros 146 mil pesos por acordeones digitales que se replicaron por WhatsApp.
Esta multa aplica para los cargos federales, es decir, para quienes contendieron para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, monto que representa el 10 por ciento del monto de gastos de campaña permitidos.
Sin embargo, se les aplicaron descuentos de acuerdo con la investigación del nivel socioeconómico de cada candidatura y algunos recibieron descuentos considerables como el actual ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar quien logró reducir su multa hasta 39 mil pesos y también impugnó para tampoco pagar esa cantidad.
En contraste con quienes más pagan, en promedio, suman multas de hasta 255 mil pesos por considerar que tienen la capacidad para pagar, pero que se prevé que también les sean perdonados.
(milenio.com)
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