» Urgen a impulsar mercado de bonos de carbono en México

En el país, al menos 293 mil hectáreas se pueden sumar al mercado de bonos de carbono, el cual debe tener un mayor impulso y regulación para reducir la emisión de contaminantes y reinvertir los recursos en proyectos ecológicos.

Los bonos de carbono son certificados de compra y venta de la reducción o captura de gases de efecto invernadero, como lo establece la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó el académico de la UNAM, José Antonio Benjamín Ordóñez.

Al día, se consumen casi 22 millones de toneladas métricas de carbón, 92.7 millones de barriles de petróleo y una milla cúbica cada 11 horas de gas natural, refirió, y sólo 10 por ciento de la demanda mundial se abastece con energías renovables, como la geotérmica o hidroeléctrica.

El experto de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que se tiene más de un trillón de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) extra, que antes no existía en la atmósfera, y eso promueve un desbalance térmico que incrementa la temperatura.

“De ahí, el problema del cambio climático y la meta de tratar de evitar que se rebase un aumento neto de dos grados”, explicó el científico durante la conferencia “Mercados de carbono: oportunidades y riesgos”, en el auditorio del Jardín Botánico del Instituto de Biología.

Por ello, dijo, se apuesta a la captura o almacenamiento de carbono, donde los ecosistemas y organismos vivos pueden ayudar, pues “a partir de la necesidad de mitigar las emisiones contaminantes se desarrollaron los mercados de carbono que surgen a la par de un manejo forestal fuerte en el mundo”.

El también director de la asociación civil Servicios Ambientales y Cambio Climático planteó que en países como Estados Unidos y Canadá se establecieron medidas de certificación relacionadas con el Forest Stewardship Council y han mejorado sus masas forestales.

Refirió en un comunicado de la UNAM que en México el aprovechamiento de los bosques ha quedado detenido, pues se ha priorizado el establecimiento de cultivos con altos costos, cuya inversión no ha redituado en la autosuficiencia alimentaria.

En Michoacán, ejemplificó, 130 mil hectáreas están dedicadas a la plantación del aguacate, una superficie que ha superado a la del manejo forestal.

“La producción se enfoca en la fresa, aguacate o caña de azúcar, pero no en maíz, que está en el olvido, y se ha descuidado el uso de organismos genéticamente modificados que pueden vulnerar al maíz criollo”, abundó el académico.

De acuerdo con Ordóñez Díaz, es posible calcular la huella de carbono e instrumentar mecanismos y acciones que permitan reducir las emisiones mediante las metodologías establecidas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

Cuando no es posible compensar el daño, se compran los bonos de carbono y los recursos pagan servicios ambientales en las zonas forestales y a sus habitantes, eso puede hacer la diferencia entre quedarse en sus lugares de origen, migrar o deforestar el bosque, enfatizó.

En México, relató Ordóñez Díaz, hay algunos proyectos certificados, pero corren el riesgo de que la certificación sea extranjera, se pague y el dinero se vaya a otro país.

En ese sentido, consideró que la Comisión Nacional Forestal debería ser el organismo certificador oficial con personal capacitado, con manuales que ilustren cómo crecen las vegetaciones para saber cuáles fijan más carbono y en qué condiciones.

Recordó que en 2008 se desarrolló un marco legal para establecer convenios, acuerdos y/o contratos con las comunidades, a fin de respetarlas y también a sus sitios sagrados, además de explicarles los conceptos básicos de los procesos de captura de carbono.

Así, el 8 de mayo se abrió el mercado voluntario de carbono en México, autorizado por la Semarnat y se comenzaron a ofertar los certificados avalados por ambas instancias gubernamentales.

Refirió que hasta este día se han vendido más de 200 mil toneladas y muchas empresas han participado, lo cual ha generado beneficios sociales, ambientales y económicos.

“Pero hay que ir más allá y con ayuda de la tecnología mapear los lugares y detectar sitios que no cumplen con la conservación, que tienen un proceso de deforestación secuencial, para retirarles el apoyo, pero también para actualizar los precios”, comentó.

José Antonio Benjamín Ordóñez mencionó que recorrió 120 comunidades del país, “proyectos potenciales que suman más de 293 mil hectáreas, y la mayoría tiene posibilidad de sumarse a la preservación; sólo se requiere capacitar a la gente y ponerla a laborar”.

Los mercados de carbono representan grandes oportunidades si se trabaja en conjunto, pero de manera desarticulada, sin comunicación, anteponiendo intereses individuales se puede perder lo ganado, porque ninguna persona tiene recursos para pagar una factura ambiental y eso habla de confianza y respeto hacia los seres vivos y la naturaleza.

“Hay que administrar mejor nuestros recursos, formar a especialistas, integrar el conocimiento que generan las instituciones académicas y de investigación, establecer mecanismos de seguimiento y transparencia para hacer proyectos más grandes y alcanzar en conjunto más metas”, finalizó.