El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado pidió que se reconozcan los derechos de los trabajadores domésticos en la Ley Federal del Trabajo o la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Detalló que en su capítulo dedicado a los trabajadores domésticos dicha ley no precisa la obligación de los patrones de establecer un contrato escrito, lo que vulnera los derechos sociales, laborales y de seguridad social de quienes se dedican a esa actividad.
En el estudio “Trabajadores(as) del hogar”, realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD, plantea que en México se requieren mecanismos eficaces de supervisión de los trabajadores remunerados en hogares de terceros para garantizarles sus derechos sociales, laborales y de seguridad social.
Menciona que en 2014 el 62.8 por ciento de los trabadores domésticos se encontraba en “pobreza por ingreso”, lo que implica que alrededor de 1.4 millones de personas dedicadas a ese ramo económico no recibieron los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas.
Además de recibir salarios exiguos, prácticamente todos carecen de contrato y de acceso a la seguridad social. Esas condiciones laborales los convierten en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana.
El estudio señala que, no obstante, un porcentaje de esos trabajadores es atendido por programas de combate a la pobreza como Prospera, Seguro Popular, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Abasto Social de Leche, entre otros.
De acuerdo con el IBD, en la legislación vigente existen varios preceptos constitucionales de orden laboral que no son refrendados en la ley reglamentaria, lo que determina un marco ambiguo que propicia omisiones por parte de los patrones.
En la investigación se proponen dos soluciones -en la que coinciden legisladores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil- a esa problemática de carácter nacional, que afecta a 2.2 millones de personas que se dedican a ese rubro de carácter remunerado.
Una es la modificación de la Ley Federal del Trabajo y otra la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Algunas de las propuestas específicas para mejorar la legislación en la materia son: establecer la obligación de los patrones de firmar con los empleados un contrato en el que se especifiquen claramente las condiciones salariales y laborales.
También crear las condiciones para que se cumpla con el derecho a la seguridad social y evitar que la legalización de la subcontratación derive en prácticas abusivas o dolosas por parte de las empresas contratantes, entre otras.
El problema que afecta a los trabajadores domésticos remunerados toma más relieve si se considera que se trata de una actividad que se ha incrementado en los últimos años.
Refiere en tal sentido que entre 2005 y 2014 el número de personas que se dedican a ésta aumentó en 28.67 por ciento y se elevó de 1.8 a 2.3 millones de trabajadores, que representan 15 por ciento del total de trabajadores informales.
El estudio plantea que las personas dedicadas al trabajo en hogares de terceros reciben los más bajos salarios del país, pues en 2014 32.6 por ciento percibía hasta un salario mínimo y 38.6 por ciento hasta dos.
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