Los partidos políticos deben usar todas las herramientas del Estado en la revisión de la trayectoria de sus candidatos para evitar que el crimen organizado se infiltre en los procesos electorales, señaló el investigador César Astudillo Reyes.
Consideró necesario que pidan información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a las auditorías superiores de los estados, a las áreas de inteligencia financiera de la SHCP, al CISEN, a la PGR y a las procuradurías de los estados sobre posibles conductas delictivas y averiguaciones previas contra sus candidatos.
El también abogado general de la UNAM aseveró que todas las instituciones del Estado deben realizar un esfuerzo para dar más seguimiento al dinero que ingresa a las precampañas y campañas, el cual desborda los topes de gastos establecidos para tal fin.
Astudillo Reyes indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe poner especial atención en la fiscalización del financiamiento público y privado, en más de 76 mil informes de precampaña y campaña de los partidos políticos que se presentarán durante 2015.
“Debe seguir la pista al dinero que no se reporta a la autoridad electoral, porque es justamente un dinero que viene de actividades ilícitas como el narcotráfico, el crimen organizado o de las propias arcas del Estado y se desvía de manera ilícita a campañas electorales”, señaló.
Admitió que no es dinero fácil de perseguir porque son recursos en efectivo o en especie, “es dinero que deja poca huella para que se le dé seguimiento”.
César Astudillo comentó que los partidos deben diseñar medidas de blindaje electoral para evitar que personas vinculadas con el crimen organizado puedan competir dentro del juego democrático porque dañan a las instituciones y a los valores democráticos de la Constitución.
Para el investigador, lo que pasa en México no es un problema de leyes sino de su aplicación.
“Tenemos leyes de responsabilidad penal y política pero no se aplican de manera adecuada. En este país pocos pisan la cárcel por corrupción, tenemos un nivel de impunidad muy alto”, agregó.
Aseguró que la transparencia constituye un instrumento para evitar la infiltración del crimen organizado a los procesos electorales, pues obliga a los partidos políticos a que muestren la manera en que se toman ciertas decisiones internas y quiénes son los responsables.
Además, manifestó, es fundamental que las instituciones electorales como el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE) acompañen los esfuerzos de los partidos y los poderes públicos en esa gran labor, revitalicen la salud del sistema democrático y señalen las rutas por donde se pueden implementar acciones de blindaje.
Subrayó que hoy más que nunca las elecciones son el conducto a través del cual el ciudadano puede premiar, castigar, exigir responsabilidades políticas, manifestar su rechazo o beneplácito con algunas políticas implementadas.
El también miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios fue entrevistado durante el programa Justicia electoral a la semana del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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