» Vigilará STPS para evitar uso de programas con fines electorales

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reforzará la vigilancia de cerca de 800 funcionarios para evitar que los programas y recursos sean utilizados de manera irregular durante el próximo proceso electoral, anunció el Oficial Mayor de la dependencia, Manuel Cadena Morales.

Las medidas de “blindaje electoral” no buscan interrumpir programas y apoyos para los trabajadores, pues no se pueden suspender sus derechos, sino sólo se mantendrá una vigilancia permanente para que los servidores públicos no incurran en irregularidades e incidan en el proceso electoral de junio.

En conferencia de prensa, subrayó que si los funcionarios hicieren mal uso de los recursos económicos, materiales, de infraestructura o de los diferentes programas sociales, podrían recibir sanciones que van desde una observación administrativa hasta una pena de nueve años de prisión.

Mandos medios y superiores de la dependencia federal recibieron capacitación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, para que conozcan las conductas por las cuales podrían incurrir en una irregularidad o en un delito.

Cadena Morales subrayó que serán “doblemente cuidadosos en supervisar y prevenir que algún funcionario pretenda hacer mal uso de los recursos o programas de la secretaría” para apoyar a algún candidato.

Al respecto, el titular de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, Víctor Manuel Torres Moreno, recalcó que “no vamos a permitir que ningún servidor público de la Secretaría del Trabajo haga mal uso de los recursos destinados a programas sociales”.

Anunció que se realizará un monitoreo de los eventos que se realicen entre el 5 y 7 de junio en las delegaciones para corroborar que se realizan apegados a los principios de imparcialidad y equidad.

Subrayó que los funcionarios podrán participar en los actos que tengan programados, siempre y cuando no busquen beneficiar a algún partido o candidato.

Detalló que incurrirían en una irregularidad si se utilizaran los correos electrónicos o redes sociales institucionales para realizar estas conductas, además de condicionar recursos y la prestación de servicios.