» Aprueban ley 3 de 3 en Jalisco, ningún deudor alimentario, moroso o acosador podrá ejercer un cargo público

Con la reforma Ley de 3 de 3 contra la violencia y su publicación oficial en el periódico del estado de Jalisco, a partir del 2024 ningún deudor alimentario, moroso, con sentencia condenatoria, acosador o abusador podrá ocupar un cargo en el poder, informó la actual diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Mirelle Alejandra Montes Agredano.

“Tenemos que visibilizar lo que está sucediendo en nuestro estado y en nuestro país, tú sabes que la violencia cada día pues nos permea más, nos duele más como sociedad y también a nosotras como mujeres, y lo que se logró con esta reforma dónde armonizamos una reforma constitucional federal, es que nuestro estado a partir del proceso electoral 2024 y en adelante ningún deudor alimentario llegue al poder”, dijo.

Las cifras según el INEGI

Retomando las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de todos los divorcios efectuados en 2021, sólo se asignó una pensión alimenticia al 47.9 por ciento de los hijos e hijas. Es decir, de casi la mitad de los 149 mil 675 divorcios que el Instituto tiene registro en México, surgió un deudor alimentario, por lo cual hasta el 67.5 por ciento de las niñas y niños mexicanos, así como adolescentes, no reciben pensión tras el divorcio de sus padres.

Apuntó que dado que con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, México va en contra de estos padres morosos, imponiéndoles sanciones, después de 90 días de incumplimiento, como no otorgarles pasaporte, licencia para conducir, o el documento de identidad que emite el INE; desde el legislativo estatal se buscará contar con un padrón en Jalisco.

“Y lo que también queremos hacer aquí en el estado de Jalisco que ha impulsado el diputado Abel Hernández, es el registro estatal, porque lo quiero vincular de esta manera, con esta reforma constitucional ya publicada y que va a aplicar a partir del 2024 se genera así este registro y se le suspenden los derechos a las personas que cometen tanto los delitos de abuso sexual, de violencia familiar o que sean deudores alimentarios para que no accedan a ningún cargo ni para la gobernatura, ni para las diputaciones locales y tampoco para las presidencias municipales”, comentó.

Generando así un eje transversal para que ningún funcionario bajo esta temática, llegue al poder judicial o poder ejecutivo; es decir nadie que haya ocasionado este tipo de actos quedará exento de sentencia condenatoria, pues ya se tiene un historial de casos como el del ex magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, que continúa impune y prófugo.

No obstante, recordó la importancia de denunciar aunque a veces da temor para lograr que la justicia sea expedita y pronta, además de encontrar puntos de acuerdo entre mujeres, impulsando la sororidad, solidaridad y empatía ante la violencia de género que se vive en la entidad.

A pesar de que el delito de violencia política en razón de evento es nuevo, también se armonizará a nivel institucional.

(milenio.com)