» HSBC sin consecuencias en México

>En todo este asunto del presunto lavado de dinero sucio a través del banco HSBC, descubierto por una investigación del Senado de Estados Unidos, vale la pena preguntar ¿qué hacía la Secretaría de Hacienda al respecto?

Porque hasta ahora nadie le ha preguntado a los exsecretarios de Hacienda, incluido el nuevo senador Ernesto Cordero, por qué la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia no detectó las operaciones irregulares, que fueron miles, o actúo con tibieza con el banco.

El nuevo senador, a quien incluso se le menciona como el coordinador de la bancada azul en la Cámara Alta, a partir del primero de septiembre, no tendría por qué saberlo todo pero tenía todo un staff de colaboradores que se supone le debieron haber informado sobre las sospechosas operaciones.

>El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, lanzó un grito de auxilio al gobierno federal para que agilice le flujo de efectivo pues la entidad está a punto del colapso financiero.

Vallejo anunció que sin el rescate del gobierno federal, en menos de tres meses la administración estatal no tendrá para pagar la nómina; el problema se deriva de la deuda que heredó de Leonel Godoy y que estima en 40,000 millones de pesos.

Lo que el gobierno michoacano ha tratado de hacer en estos meses es renegociar el plazo de la deuda –contratada a 10 años-, para aumentarlo a 20 años y aumentar la captación local.

Pero ni así ha podido ahuyentar el fantasma de la quiebra financiera que asusta cada quincena a los pagadores del gobierno estatal.

>El PRI difundió ayer un extracto del documento que presentó ante el IFE para defenderse de las acusaciones de la izquierda de haber utilizado monederos electrónicos de Monex para la compra de votos.

En el documento, el tricolor acepta que contrató tarjetas de prepago por un monto superior a 66 millones de pesos con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V., que se comprometió a la entrega de 7,851 tarjetas de prepago.

La explicación del PRI se da en el contexto de la guerra de declaraciones en las que se han visto involucrados los tres partidos más grandes del país.

El PAN y el PRD insisten en que el PRI se financió con dinero sucio en la campaña presidencial pero siguen sin presentar las pruebas que acrediten jurídicamente sus dichos.

El PRI, en tanto, anunció que demandará al PAN y al PRD y pedirá a la PGR una investigación a fondo para concluir con el asunto que, dicho sea de paso, sigue discutiéndose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.