» Migrantes como botín político

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará hoy su informe sobre los migrantes que han sufrido violaciones a sus garantías individuales en su tránsito por territorio nacional.

Se sabe, porque así fue filtrado desde el fin de semana pasada en varios medios, que la CNDH a cargo de Raúl Plascencia tiene enfocadas su baterías en contra de la ex comisionada del Instituto Nacional de Migración y hoy secretaria general del PAN, Cecilia Romero, a quien le correspondió lidiar con el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas, hace unos meses, hecho que detonó su salida del INM.

Pero a la luz de las estadísticas, la violación de los derechos humanos de los migrantes que cruzan en el país no es la constante, sino la excepción a la regla.

El número de recomendaciones que ha emitido la CNDH al Instituto Nacional de Migración de diciembre del 2006 a la fecha así lo establece.

Por ejemplo, en 2007 se recibieron 355 quejas; en 2008, 244 quejas; en 2009, 233 quejas y en 2010 se recibieron 415 quejas para sumar en total 1,247.

Ese total motivó que la CNDH emitiera, en 2007,  8 recomendaciones; 7 en 2008, 3 en 2009 y solo 2 en 2010; es decir, que pese a la magnitud del escándalo, las recomendaciones de la CNDH –todas atendidas-, han ido a decreciendo.

Lo anterior no significa que no ocurran violaciones a los derechos humanos de los migrantes; la proliferación de los cárteles del narco y su diversificación representan en este momento el mayor peligro para la población migrante, sin duda.

De ahí la importancia de contar con una nueva legislación que amplíe el rango de responsabilidad y responsables de garantizar la integridad física y moral de los migrantes que atraviesan el país para llegar a Estados Unidos.

El jueves la Asamblea Legislativa del DF votará el proyecto de iniciativa presentada por Alejandra Barrales para imponer una pena inconmutable de 36 horas de cárcel a maridos golpeadores.

Lo curioso es que, pese que la iniciativa tiene respaldo mayoritario en la ALDF, desde el Instituto para las Mujeres, que preside Martha Lucía Micher, se asegura que a las mujeres “les irá peor cuando salgan los maridos de la cárcel”.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia atrajo el análisis de las tarifas de interconexión, un asunto que ha rebasado a las autoridades de telecomunicaciones y ha confrontado a las empresas telefónicas del sector.

Son enormes los intereses económicos que están en juego pero se espera que los ministros de la Segunda Sala resuelvan sobre las tarifas que deben regir la interconexión bajo los criterios de competencia abierta y equitativa entre las empresas en beneficio del usuario final.